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La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular define como «Transportista de residuos» aquella operación de gestión consistente en el movimiento de residuos de forma profesional por encargo de terceros, llevada a cabo por empresas en el marco de su actividad profesional, sea o no su actividad principal.
La normativa estipula que cualquier traslado de un residuos debe ser realizado por una empresa registrada como tal y con medios de transporte acordes a la naturaleza del residuo a transportar, para ello, cualquier empresa, autónomo o profesional, debe estar dado de alta como transportista de residuos en la comunidad autónoma donde realice su actividad principal, prestando GAIAMBIENTE un servicio de asesoría y elaboración de la documentación para la obtención del mencionado registro, entre otros.
El beneficio fundamental es que tu organización cumplirá la ley.
Según el artículo 109 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular operar sin autorización se considera como una infracción muy grave sancionada con multa desde 100.001 euros hasta 3.500.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados, en cuyo caso la multa será desde 600.001 euros hasta 3.500.000 euros y adicionalmente, inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta ley por un período de tiempo no inferior a un año ni superior a diez.
Por otro lado, muchos clientes exigen a sus transportistas la autorización, ya que sin ella no se estaría realizando una correcta gestión. Por ello, repercute indirectamente en una mejora económica para la organización que obtiene la autorización.
El beneficio fundamental es que tu organización cumplirá la ley.
Según el artículo 109 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular operar sin autorización se considera como una infracción muy grave sancionada con multa desde 100.001 euros hasta 3.500.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos o suelos contaminados, en cuyo caso la multa será desde 600.001 euros hasta 3.500.000 euros y adicionalmente, inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta ley por un período de tiempo no inferior a un año ni superior a diez.
Por otro lado, muchos clientes exigen a sus transportistas la autorización, ya que sin ella no se estaría realizando una correcta gestión. Por ello, repercute indirectamente en una mejora económica para la organización que obtiene la autorización.
